Es puro negocio las ITV, en vez de servir en beneficio de la tecnología
El suculento negocio de las ITV ha pasado del ámbito de la sospecha al de los tribunales de la mano del polémico empresario Jorge Dorribo y el «caso Campeón». Una pieza separada que sigue el Juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, procedente del sumario que lleva el Tribunal Supremo, apunta a la utilización de tráfico de influencias para tratar de obtener la concesión de servicios sanitarios y de ITV en Cataluña, en este último caso, a través de la empresa alemana Tüv Rheinland.
El caso, bajo secreto de sumario, provocó el pasado día 26 la detención de dos altos cargos de la Generalitat catalana, Josep Tous -número dos de la Diputación de Barcelona y ex director general de Consumo y Seguridad Industrial en la época en que Oriol Pujol era secretario general de Industria-, Isidre Masalles -subdirector de Seguridad Industrial- y la imputación de la responsable de asuntos contenciosos, Assumpta Palau, y la responsable del gabinete jurídico de la Generalitat, Margarida Gil.
También resultaron detenidos los empresarios Sergio Pastor, ex consejero delegado de Applus+ y director general de UpPrime Energy -del grupo Ficosa-; Ricard Puignou, consejero de ITV Certio y ex director general de Applus+, y Sergi Alsina, de la consultora Alta Partners. Todos se encuentran ya en libertad después de tomarles declaración la titular del Juzgado.
Los cinco detenidos intentaron, supuestamente, anular el concurso de las nuevas ITV aprobado por el tripartito para convocar uno nuevo más favorable a sus intereses, para lo que mantuvieron numerosos contactos telefónicos que fueron los que se detectaron durante la investigación del «caso Campeón», conversaciones en las que aparece el secretario general de Convergencia Democrática, Oriol Pujol.
Concretamente, fue la empresa de Puignou, -nacida de la escisión de Applus+-, la que recurrió el concurso sobre las estaciones convocado por el tripartito en 2010, un concurso con el que se pretendía minimizar la presencia de la compañía Applus+, ya que llegó a contar con el 80% de las estaciones. Dicho concurso fue posteriormente suspendido en 2011 de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia catalán al considerar que se produjeron irregularidades en las adjudicaciones.
Precisamente, la polémica de los concursos de las ITV arranca en 2003, cuando tres meses antes de abandonar el Gobierno Jordi Pujol, se decidió prolongar la concesión de las ITV hasta el año 2014 a las dos empresas que se repartían el negocio, RVSA y dos del grupo Aguas de Barcelona (Agbar). Estas dos compañías hicieron sendas donaciones a la fundación de Convergencia Ramon Trias Fargas, de 90.000 euros Agbar y 48.000 RVSA.
Además, en el transcurso de las pesquisas, los investigadores también detectaron pagos del empresario Alsina a Josep Tous relacionados con el asesoramiento sobre las ITV, mientras que el propio Tous trabajaba como consultor privado para la Generalitat catalana en relación con las propias estaciones de inspección.
