¿Tiene derecho Juanín, el amigo blindado de Zapatero, a cobrar una indemnización de 415.000 euros del Estado? Veamos su historia.
La noticia que publica hoy EL MUNDO tiene como protagonista a Juan Díez López -en la imagen-, abogado leonés nacido en 1958 y militante socialista que conoció al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el colegio universitario de León. Ambos se hicieron muy amigos en aquellos tiempos de juventud, según relata Oscar Campillo, biógrafo de ZP. En junio de 2005, un año después del acceso del PSOE al poder, Juan Díez -Juanín para sus amigos incluido el ex presidente- fue contratado en su tierra por Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) como director gerente de Patrimonio y casi cada año fue ascendiendo puestos, especialmente a partir de 2008 de la mano del presidente de la empresa estatal, a la sazón secretario general del PSOE de Castilla y León, Angel Villalba.
Ya en febrero de 2011, en una época en la que Zapatero ya iba diciendo a sus más íntimos que no se iba a presentar a la reelección, Díez fue nombrado director general y máximo ejecutivo de FEVE. Su retribución anual era de 104.561 euros y logró un contrato blindado hasta 2015. Si, como era previsible, el PP ganaba las elecciones y le echaba en 2012, se le debía abonar todo lo que le restara de mandato. Y, además, si el nuevo Gobierno le despedía sin preaviso mínimo de seis meses, le debía pagar el periodo no preavisado. FEVE acumulaba ya entonces unos 150 millones de euros de pérdidas e ingresaba una sexta parta de lo que gastaba, según los datos oficiales, pero eso no fue obstáculo para firmar tal contrato.
Zapatero adelantó las elecciones y el 23 de diciembre de 2011, Juanín era destituido como el grueso de directivos de empresas públicas. Resultado, reclama 377.710 euros de indemnización más un 10% de intereses de demora. Total, 415.000 euros. Además, pide también continuar en la empresa aunque no sea ya con contrato de alta dirección, porque así lo establecía además una cláusula adicional en su avispado contrato de 2011.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, se ha negado a pagarle tal indemnización con el argumento de que es insólito que un cargo de confianza en una empresa pública se blinde por si hay cambios electorales. Él ha reclamado sus derechos incluso vía judicial. La nueva política gubernamental de suprimir blindajes en las empresas públicas no se puede aplicar retroactivamente en teoría.
¿Debe cobrar ese dinero? En mi opinión, ya que en España no se exigen responsabilidades a los gestores de empresas públicas, debería tener al menos el gesto de renunciar, visto el dramático estado en que se encuentra FEVE y el sacrificio que su propio amigo Zapatero reclamaba al resto de ciudadanos con subidas del IVA, recortes de sueldo a funcionarios y demás.
PD q poca verguenza.....
es pa
